Los inmigrantes a los que no salvará la acción ejecutiva: padres y trabajadores deportados por Obama

La familia Flores. / HOLA

Ángel Murillo fue deportado a México el día de las elecciones. Su mujer y sus hijos se han quedado en Painesville (Ohio), una comunidad de 20.000 personas al borde del lago Erie. Llevaba 20 años en Estados Unidos, donde nacieron tres de sus cuatro hijos. Trabajaba en el diseño y el cuidado de jardines. Vivía en una caravana con su familia y desde hacía años la mayoría de sus ahorros iban a pagar una abogada de inmigración para evitar ser deportado.

A Murillo lo pararon en 2009 en la carretera porque se le había fundido una luz del coche. La policía le hizo una prueba de alcohol en sangre y el test le salió por encima del máximo legal. Le pidieron los papeles de residencia y no los tenía. Y ahí empezó el proceso de deportación. Los Murillo contrataron una abogada a la que pagaron poco a poco unos 30.000 dólares. Este septiembre, la abogada no presentó la última apelación posible porque los Murillo le pagaron 1.000 dólares y ella pedía más, según cuenta Veronica Isabel Dahlberg, presidenta ejecutiva de Hola, la organización de ayuda a hispanos a la que al final acudió la familia ya desesperada. Seis días antes de las elecciones, un juez decretó la expulsión de Murillo. “Hicimos lo imposible. Pero todo el mundo estaba muy ocupado con las elecciones”, dice Dahlberg, que empezó un pequeño grupo de mujeres para ayudar a inmigrantes que hoy se ha convertido en una red en todo el estado de Ohio. 

Los Murillo y cientos de personas pidieron ayuda también a la iglesia polaca de San Casimiro, en Cleveland, donde se congregó la comunidad para pedir un milagro a la virgen negra de Częstochowa. La parroquia celebra misa sólo en polaco y en inglés, pero se ha convertido un lugar de peregrinaje para los mexicanos desde que el inmigrante Ricardo Ramos se salvó en enero de la deportación en el último momento y después de que la iglesia lo “adoptara” en Navidad. El párroco y su comunidad de inmigrantes europeos consideran ahora parte de su misión ayudar a los mexicanos en apuros. No sólo rezan, sino que llaman a los congresistas y otros políticos para quejarse y dar su testimonio a favor de los afectados.

La familia Murillo en Painesville (Ohio)./HOLA

Ángel Murillo fue deportado el martes 4 de noviembre: el día en que millones de hispanos fueron a votar. El domingo siguiente, un millar de personas llenaban la iglesia de San Casimiro. “Fuimos para demostrar que no perdemos la fe”, cuenta Dahlberg, que nació en Ohio de padre húngaro y madre mexicana.

Ohio es uno de los puntos calientes para la inmigración al estar en la frontera con Canadá, que se encuentra al otro lado del lago Erie. Hay dos controles fronterizos y cientos de patrullas. Localidades como Painesville son demasiados pequeñas para tener servicios de ayuda a inmigrantes, a menudo desprotegidos y desinformados. Incluso llevando sus casos a Washington las opciones de solución son limitadas mientras no haya una reforma migratoria a fondo.

Entre los políticos que se han interesado por las deportaciones estos últimos meses en Ohio está un republicano, el congresista David Joyce, que no quiere publicitar su implicación para no enfadar a parte de su base electoral pero que confiesa que no le gusta ver a familias separadas por las deportaciones. Sin embargo, su influencia es limitada. No lleva ni dos años en la Cámara de Representantes.

Casos como el de Ángel Murillo o el de Javier Flores, que fue deportado hace unas semanas y cuya historia contó en detalle el ‘Washington Post’, se cuentan por millares en todo el país y son especialmente dolorosos para familias que piensan que podrían haberse salvado por poco.

Tal y como está la ley, una vez expulsados, los inmigrantes no pueden ni volver a entrar en Estados Unidos en diez años. El intento de volver de manera ilegal se puede pagar con la vida. Sólo en la comunidad mexicana de Painesville, en poco más de un año, ha habido tres casos de padres de familia que murieron después de ser expulsados y mientras intentaban volver.

Uno de ellos es Salvador Montes, que intentó regresar a Ohio para estar con su mujer y sus cuatro hijos después de una expulsión. En mayo del año pasado encontraron lo que quedaba de él, boca abajo y debajo de una bolsa de plástico, deshidratado tras caminar 49 millas en el desierto. Mandaron sus restos a su casa en Ohio. “Sólo en forma de restos se puede volver a entrar en el país”, dice Dahlberg.

Desde que el presidente Barack Obama anunció en junio que aprobaría un decreto para frenar parte de las deportaciones de inmigrantes indocumentados, miles de personas han sido expulsadas del país. Algunas habrían cumplido los requisitos que ahora permitirán a otros inmigrantes quedarse en Estados Unidos con un permiso de trabajo.

Entre el 1 octubre de 2013 y 28 de julio de 2014 fueron deportadas 258.608 personas, según los últimos datos disponibles y actualizados del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos por la agencia AP. Más o menos  25.000 personas al mes. Hay un 20% menos de expulsiones que el año pasado. Pero, si han seguido al ritmo de los últimos meses, las autoridades federales habrán enviado su país de origen a más de 100.000 personas desde que Obama anunció que aprobaría una acción ejecutiva para ayudar a inmigrantes indocumentados. El presidente ha deportado a más de dos millones de personas sin permiso de residencia legal en el país desde que tomó posesión en 2009.

Obama decidió retrasar la firma del decreto por temor a que tuviera un efecto negativo para los candidatos demócratas en las elecciones del 4 de noviembre. En cualquier caso, sin la decisión sobre inmigración, los republicanos arrasaron en todo el país y los demócratas perdieron la mayoría en el Senado.

Ahora queda por ver si la acción ejecutiva puede parar deportaciones que están a punto de llevarse a cabo. Veronica Isabel Dahlberg teme, por ejemplo, por el futuro de Nora Gálvez, una mexicana que lleva 16 años viviendo en Ohio y cuya última comparencia ante un tribunal para decidir su deportación es el 3 de diciembre. Gálvez trabaja en el campo recogiendo manzanas, sin seguro médico ni ayudas sociales y a menudo con semanas laborales de siete días. Su marido fue deportado hace cuatro años y ella sola cría a su hijo de siete años, estadounidense. La policía descubrió que no tenía papeles de residencia legal una tarde cuando iba al Walmart con su hijo. Los llevaba un compañero de trabajo y la policía paró el coche por una infracción menor. Nora y su hijo acabaron pasando la noche en la cárcel. Cada vez que comparece ante el tribunal, está temblando.

Este jueves, la iglesia católica del Sagrado Corazón de Lorain organiza una reunión para ver el anuncio del presidente en directo. Es un lugar especial por donde también pasó el activista César Chavez. En unos días, los funcionarios de inmigración darán explicaciones para saber quién puede presentarse. “Muchos podrán, pero más de la mitad no”, suspira Dahlberg.