Así fue la regularización de inmigrantes sin papeles que aprobó Reagan en octubre de 1986

Barack Obama se dispone a firmar un decreto que aliviará la situación jurídica de millones de inmigrantes indocumentados cuyo detalles exactos están por definir. A la espera del anuncio oficial del presidente, merece la pena examinar las medidas de algunos de sus predecesores, que aportan algunas claves sobre los problemas que demócratas y republicanos deben resolver hoy.

El último presidente en regularizar la situación de varios millones de inmigrantes fue el republicano Ronald Reagan, que firmó la llamada ‘Ley Simpson-Mazzoli’ el 6 de noviembre de 1986. Aquí se puede consultar el texto íntegro de la norma, aquí se pueden responder las dudas que planteaba y aquí se puede leer la crónica que publicó el ‘New York Times’ al día siguiente de su aprobación.

No era la primera vez que un presidente abordaba el problema. Lo intentó sin éxito Jimmy Carter en 1977 y el propio Reagan unos años después. Pero el proyecto legislativo moría una y otra vez en la Cámara de Representantes y no habría salido adelante si no fuera por el empeño del presidente y por las maniobras del demócrata Charles Schumer en 1986.

“Creo en la idea de una amnistía para aquéllos que han echado raíces aquí aunque hayan entrado en el país ilegalmente”, dijo Reagan durante uno de los debates televisados en las elecciones de 1984. Una frase que difícilmente podría pronunciar cualquier republicano que aspire a presentarse en 2016.

La ley de Reagan regularizó la situación jurídica de unos tres millones de inmigrantes. Los interesados debían pagar una multa, abonar los impuestos atrasados y presentar documentos que demostraran que habían residido en el país al menos desde el primer día de enero de 1982.

No pudieron conseguir papeles los inmigrantes que habían estado fuera del país 45 días en alguno de los años o 180 días en los cinco años previos a la regularización. Tramitar la solicitud costaba 185 dólares por adulto, 50 por niño y 420 por familia: algo menos del doble en dólares de hoy.

Según se explica aquí, el plazo para presentar solicitudes no se presentó hasta mayo del año siguiente. Presentar documentación falsa le podía granjear a un aspirante cinco años de cárcel y una multa de 250.000 dólares. Quien cumplía los requisitos recibía un permiso de residencia temporal que duraba 18 meses y durante cinco años no tenía ciertos derechos. Sólo los ciegos, los discapacitados, los ancianos y las embarazadas tenían acceso a ayudas económicas del Estado durante ese periodo cautelar.

Cinco años después de regularizar su situación jurídica, los inmigrantes podían solicitar el pasaporte americano siempre que demostraran que conocían algunas nociones de Historia y que sabían hablar inglés.

Quienes se oponían a la ley aceptaron la regularización con dos señuelos: el incremento de la seguridad en la frontera y la persecución judicial a aquellos empresarios que contrataran a un inmigrante indocumentado. El primer señuelo era muy relativo porque la guardia fronteriza apenas tenía 3.687 miembros: seis veces menos de los que tiene hoy. El segundo tampoco se cumplió del todo: se eximió a las empresas de comprobar la autenticidad de los documentos que presentaban sus empleados y la ley nunca se llegó a aplicar.

El 70% de quienes regularizaron su situación jurídica eran varones. Un extremo que enseguida suscitó un fuerte debate sobre la conveniencia de legalizar a sus esposas y a sus hijos para evitar la disgregación familiar.

Lo que ocurrió después lo explica muy bien en este artículo el corresponsal político Mark Noferi. Las protestas de los hispanos y de los obispos católicos obligaron a Reagan a anunciar en 1987 que su Gobierno no deportaría a los hijos de los inmigrantes regularizados en una decisión que recuerda a la que la Casa Blanca hizo en la primavera de 2012.

El anuncio de Reagan no zanjó la polémica en torno a este asunto, que George H. W. Bush retomó en febrero de 1990 extendiendo la protección a los cónyuges de los inmigrantes que hubieran logrado sus papeles en el proceso iniciado en 1986. “Es vital que hagamos cumplir la ley pero debemos hacerlo de un modo compasivo”, dijo entonces Gene McNary, responsable de inmigración. “Separar a las familias anima a violar la ley”.

No fue la última vez en que un presidente tomó una decisión sobre inmigración al margen del criterio del Congreso. El propio Bush alivió los requisitos de los inmigrantes chinos después de la masacre de Tiananmen (1990) y a los kuwaitíes después de la Guerra del Golfo (1991). Tanto Bill Clinton (1993) como George W. Bush (2001) facilitaron los trámites a los salvadoreños castigados por los efectos de la guerra civil.

Obispos, organizaciones hispanas y congresistas demócratas han presentado esas medidas como un precedente válido pero no todos están de acuerdo. Este artículo del columnista Ross Douthat ofrece algunas razones contra la decisión del presidente y dice que no tiene justificación.