Donald Trump se ganó muchas críticas la semana pasada con la idea de promover el castigo de las mujeres que abortan ilegalmente. Sin embargo, debe tenerse claro que ese espíritu de penalización a la mujer que recurre a ese método no es nuevo y no nace con Trump, como algunos podrían pensar.

Tal controversial idea en realidad tiene claros precedentes en Estados Unidos. A pesar de que abortar ha sido legal desde 1973, hay casos documentados de mujeres que han sido acusadas y detenidas por someterse a un aborto, por haber intentado abortar o por haber perdido un embarazo aun cuando no tuvieran esa intención.

En gran cantidad de países a nivel mundial, incluyendo democracias occidentales como Chile e Irlanda, castigar con cárcel a la mujer por abortar forma parte de la ley vigente.

Aunque castigar a las mujeres por abortar no es la norma en Estados Unidos, organizaciones dedicadas al tema han documentado al menos seis acusaciones o juicios en contra de mujeres desde 2009, así como cientos de criminalizaciones por casos vinculados a embarazos.

¿Se puede castigar a mujeres por abortar en Estados Unidos?

El aborto fue legalizado a nivel nacional en 1973, en la frecuentemente mencionada decisión de la Corte Suprema Roe v Wade. Desde entonces, los estados han regulado el tema de distintas maneras, con mayores o menores limitaciones para la mujer y el médico tratante.

Aunque las detenciones a mujeres que deciden interrumpir su embarazo no son frecuentes, sí se han dado después de 1973. Una investigación de Lynn Paltrow, de la organización National Advocates for Pregnant Women, y Jeanne Flavin, de la Universidad de Fordham, señala que hasta 2005 ocho mujeres que se realizaron ellas mismas el aborto fueron acusadas por violar las leyes estadales al respecto.

De acuerdo a Farah Diaz-Tello, abogada de National Advocates for Pregnant Women, desde 2009 se tiene conocimiento de otros seis casos de mujeres con cargos criminales por abortos auto inducidos “pero es probable que haya más casos que no conozcamos”, dijo en comunicación con el Detector de Mentiras.

Embarazos de alto riesgo

El portal Think Progress, de tendencia progresista, ha recopilado en diversas ocasiones casos de mujeres que han enfrentado a la justicia en Estados Unidos por abortar o por presuntamente querer abortar. Uno de los más recientes y llamativos, fue el caso de Alicia Beltran, quien pasó más de 70 días detenida en Wisconsin.

La joven fue arrestada luego de que informara a su médico que un año antes de quedar embarazada había sufrido adicción a una pastilla. El médico la refirió a las autoridades, quienes la detuvieron por presuntamente poner en peligro la vida del bebé no nacido. Tras desatarse la polémica, Beltran fue eventualmente liberada y su caso desechado.

Casos similares abundan. En 2011 una mujer de Idaho, Jennie Linn McCormack, fue acusada de acabar un embarazo por sí misma, y se enfrentaba a cinco años de prisión, hasta que el caso fue cerrado por un juez que no halló pruebas suficientes para su detención. En Mississippi, Rennie Gibbs se enfrentaba a una sentencia que pudo haberla dejado en prisión el resto de su vida, por haber dado a luz a su bebé muerto. Se le acusó de asesinato por tener un pasado de consumo de drogas. En 2014, ocho años después del hecho, su caso fue cerrado.

La investigación de Paltrow y Flavin recoge 413 casos como estos entre 1973 y 2005, en los que mujeres fueron acusadas o detenidas por problemas con su embarazo, aun cuando no se tratara de un aborto.

“Los comentarios de Trump elevan el espectro de arrestar a mujeres por tener un aborto, es decir la finalización intencional de un embarazo, pero cientos de mujeres ya han sido criminalizadas por finalizaciones no intencionales de embarazos”, añade Diaz-Tello.

Restricciones a nivel mundial

Un estudio del Pew Research Center en 2015 halló que en 96% de los países las mujeres pueden abortar si su vida corre peligro, pero sólo alrededor de un tercio de las naciones consideran el aborto legal bajo la mayoría de circunstancias.

En Irlanda, por ejemplo, el aborto se permite solamente si la vida de la madre corre peligro. Una ley aprobada en 2013 señala que una mujer que tome pastillas para acabar con su embarazo se enfrenta a un máximo de 14 años en prisión.

Varios países en América Latina se mantienen entre los más restrictivos del mundo en temas de aborto. A mediados de marzo, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley para despenalizar el aborto en caso de riesgo de vida de la madre o embarazo por violación. La ley vigente establece penas de hasta cinco años de cárcel para quienes interrumpan su embarazo, de acuerdo a la BBC.