Fuente: David McNew/Getty Images.

“Ustedes recordarán que varios años atrás Arizona puso en vigencia leyes realmente duras contra la inmigración ilegal. Y fueron criticados a viva voz por aprobar esas leyes. Es interesante cómo este artículo de Wall Street Journal, habla de lo sucedido tras la entrada en vigencia de la ley, que no fue otra cosa que muchos inmigrantes ilegales se marcharon…  Arizona está gastando cientos de millones de dólares menos en prisiones, en educación, en hospitales, en aquellos ilegalmente aquí. Eso significa cientos de millones de dólares disponibles para hacerse cargo de ciudadanos estadounidenses”.

Ted Cruz, en un cabildo abierto del partido republicano en CNN, 30 de marzo.

En 2010, Arizona aprobó una muy dura ley de inmigración que despertó la indignación de grupos de apoyo a inmigrantes, y dio origen a una serie de leyes similares en otros estados que creyeron que Arizona estaba dando el paso correcto para controlar la inmigración ilegal.

A Cruz le gusta citar un artículo de Wall Street Journal sobre el impacto económico de la ley de Arizona, “Senate Bill 1070”, para decir que el estado ahora gasta “millones de dolares menos en prisiones, en educación, en hospitales, en aquellos que están aquí ilegalmente”. ¿Es esto cierto?

Los hechos

La ley de Arizona exige que la policía determine el estatus migratorio de alguien que es detenido o arrestado, si la policía tiene una “sospecha razonable” de que la persona está en el país ilegalmente. Esta fue la parte más controversial para quienes se oponían a la ley, que argumentaban que esto podía abrir espacio a una rampante discriminación racial. La Corte Suprema de los Estados Unidos mantuvo esta provisión pero derogó muchas otras – incluyendo un requerimiento para los no ciudadanos de llevar consigo sus documentos migratorios.

Cruz exagera un artículo del 9 de febrero de 2016, en el Wall Street Journal sobre el debate del impacto económico de la ley. La economía del estado recibió un golpe cuando un gran número de inmigrantes indocumentados dejaron el estado debido a la ley, decía el artículo, pero también redujo la competencia por trabajos de baja calificación.

El estado ahorró dinero en educación y atención médica luego de aprobada la ley, pero “el centro del debate es si esas ganancias valen los dolores económicos” escribió el periódico.

“Determinar exactamente cuánto le cuesta (la inmigración ilegal) al estado, y cuánto se recibe de los inmigrantes ilegales a través de los impuestos, es sorprendentemente difícil de hacer”, dice el artículo. “El estado no lleva esa cuenta. Los estimados varían ampliamente, dependiendo en parte de asuntos en debate como si se incluyen los costos de educar niños nacidos en Estados Unidos hijos de inmigrantes ilegales”.

Inmigrantes indocumentados comenzaron a dejar el estado con el comienzo de la recesión. De 2009 a 2012, Arizona fue uno de 14 estados que vieron una marcada disminución en el número de inmigrantes indocumentados – de 350,000 en 2009 a 300,000 en 2012, según el Pew Hispanic Center.

La Federación por una Reforma Migratoria Americana, que apoya la inmigración limitada a los Estados Unidos, encuentra una mezcla de factores en el éxodo de inmigrantes indocumentados.

Una causa mayor fue la Gran Recesión, la pérdida de puestos de trabajo y el aumento del índice de desempleo. Además, la legislación de Arizona comenzó a dar pasos en el control del flujo de indocumentados en 2007, en el momento más alto de la inmigración ilegal a Arizona y al país en general. En 2008, la primera legislación anti inmigración ilegal entró en vigencia, afectando negocios conocidos por contratar trabajadores no autorizados. Arizona se volvió cada vez más hostil a la inmigración ilegal.

En resumidas cuentas: Es imposible separar el impacto de la ley de 2010 del de la recesión (que coincide con el debate que llevó a la ley) o de otros factores.

“Vimos una gran disminución del número de inmigrantes indocumentados en el estado. Sea que se fueron por la Senate Bill 1070 o porque los trabajos simplemente se acabaron y la industria de la construcción cayó es un asunto a debatir”, dijo Dan Hunting, analista político senior del Instituto Morrison de Políticas Públicas de la Arizona State University, que estudia los efectos de la ley de 2010.

[Actualización: Bob Davis, autor del artículo del Wall Street Journal dijo que“no es imposible, pero sí endemoniadamente difícil” separar el impacto de la recesión del de la ley. Economistas encontraron que la pérdida de población de Arizona fue mucho más grande que la de otros estados luego de la ley de 2008, dijo Davis. El artículo cita cálculos similares de Moody’s Analytics sobre cómo las masas salientes de inmigrantes indocumentados afectaron el empleo total de Arizona en el periodo de 2008 a 2015. Moody’s encontró que el pleno empleo de Arizona fue 2.5 por ciento más bajo, en promedio, debido a esas salidas.]

Educación

Las escuelas de Arizona están obligadas a aceptar todos los estudiantes independientemente de su ciudadanía, y tienen prohibido por ley preguntar el estatus ciudadano. Así, el estado no lleva registro del gasto en estudiantes indocumentados.

El periódico encontró que el número de estudiantes registrados en cursos intensivos de inglés en escuelas públicas bajó de 150,000 en 2008 a 70,000 en 2012. “Educar 80,000 estudiantes menos le ahorraría al estado aproximadamente $350 millones al año, por una medida” dice el artículo.

La inscripción en esos cursos pudiera ser una medición indirecta del decrecimiento de la inmigración ilegal, afirman expertos en presupuesto y políticas públicas. Pero muchos factores pudieron haber afectado eso, como cambios en los estándares de evaluación utilizados por el estado. Además, el número de inscritos no dicen nada acerca del estatus ciudadano presente de los estudiantes (por ejemplo, podrían ser niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados criados en un hogar no angloparlante).

Prisiones

El Wall Street Journal reporta que entre los años fiscales 2010 y 2014, los gastos del estado en prisiones para “extranjeros criminales” (no ciudadanos convictos de delitos) cayó 11 por ciento, de $202 millones a $180 millones.

Encontramos una tendencia similar. El promedio de población diaria criminal extranjera bajo de 6,174 en 2010 a 4,764 en 2015. El costo anual disminuyó $28 millones entre 2010 ($135 millonnes) y 2015 ($107 millones).

Mientras, el gasto general del estado en prisiones se incrementó entre 2010 y 2015. En el año fiscal 2010, el costo promedio diario por preso fue de $51.39. En el año fiscal 2015 fue de $65.28.

Sin embargo, la población criminal extranjera incluye inmigrantes tanto legales como indocumentados, por lo que esto no mira específicamente a aquellos que entraron ilegalmente. Y no se puede establecer ninguna causalidad en estos números.

Hospitales

El artículo cita estadísticas de las oficinas de Medicaid de Arizona sobre atención en salas de emergencia para no ciudadanos, la cual cayó 37 por ciento, de $167 millones en 2009 a $106 millones en 2012. Las leyes federales obligan a los hospitales a atender a todos en las salas de emergencia, independientemente de si pueden o no pagar las cuentas.

En septiembre de 2005, Arizona comenzó a utilizar fondos federales para atender pacientes indocumentados. Arizona gastó todo este financiamiento de Medicaid en 2014.

Los costos de atención hospitalaria por atención de emergencia a inmigrantes indocumentados comenzaron a caer significativamente en 2008, según data recopilada por la Arizona Hospital and Healthcare Association. En 2008, los tratamientos y cuidados de emergencia para pacientes indocumentados totalizaron $51.5 millones, y en 2012 esto cayó a $26.9 millones.

“Las leyes y legislaciones pueden afectar el acceso a la atención de salud, pero no son el único factor”, dijo Jim Haynes, el vicepresidente senior de la asociación y su jefe de operaciones. “Los tiempos de la recesión y la entrada en vigor de la SB1070 fueron muy cercanos, por eso es difícil identificar claramente una correlación entre la ley y el costo de atención a inmigrantes ilegales”.

Veredicto

Esto es casi mentira. Cruz dijo que Arizona está “gastando millones de dólares menos en prisiones, en educación, en hospitales, en aquellos que están aquí ilegalmente” como resultado de la ley de inmigración de 2010. Citó un artículo de Wall Street Journal como fuente de su afirmación. Pero el mismo artículo es mucho más matizado y menos concluyente que como lo describe Cruz. El artículo muestra que el impacto económico de la ley todavía está en debate, y es poco claro que los ahorros superen las pérdidas en ingresos tributarios luego de que los inmigrantes indocumentados abandonaran el estado.

Cruz generaliza tendencias de gastos hospitalarios, prisiones y educación en formas que el artículo no lo hace. El gasto de Medicaid del estado en pacientes indocumentados sí disminuyó. Arizona está gastando menos en encarcelar no ciudadanos, pero eso no necesariamente implica que sean todos indocumentados. Y en educación, el artículo utiliza una medida que pudiera  reflejar la disminución de la inmigración ilegal. Pero no se trata de una medida del gasto en educación de no ciudadanos. Además, ninguna de estas cifras presentadas por el artículo apoyan la afirmación de Cruz de que el estado está ahorrando “cientos de millones”, excepto por la medición en educación que no cuantifica directamente gasto en estudiantes indocumentados.

El mayor problema con la afirmación de Cruz es que utiliza el matizado reporte del Wall Street Journal para mostrar una causalidad que no puede ser comprobada. Hubo un éxodo de inmigrantes indocumentados en el tiempo en que la ley de 2010 fue aprobada. Pero esa población estaba abandonando el estado desde que comenzó la recesión y continuó abandonándolo. No hay pruebas de que lo hicieran por la ley, por la recesión o por una combinación de ambas cosas.

*Nota: este texto se hizo público originalmente por el Washington Post el 11 de abril del 2016 bajo el titular “Ted Cruz’s exaggerated claim that Arizona is spending ‘hundreds of millions’ less after tough immigration law". En el Detector de Mentiras publicamos esta versión traducida y adaptada con autorización explícita de Washington Post. Su fact-checker, Michelle Ye Hee Lee, dio una calificación de tres pinochos a lo afirmado por Cruz. Eso equivale a un "casi mentira" bajo la escala del Detector de Mentiras.