Ley y Gobierno

El Chaco paraguayo se desangra lentamente

Por Santi Carneri

No es la Amazonía el lugar donde más avanza la deforestación ilegal, sino un rincón casi desconocido del mundo ubicado en el corazón de Suramérica, el Chaco paraguayo, parte vital del segundo bosque continuo más grande de la región. Aquí el descontrol de las madereras provoca el etnocidio silencioso del último grupo indígena que vive en aislamiento voluntario fuera de la Cuenca Amazónica, los ayoreo totobiegosode. ¿Merece la pena expulsar a los últimos representantes de una cultura milenaria de sus territorios que han conservado vírgenes para que unas pocas empresas obtengan madera y pasto para las vacas?


Un yaguarete de casi cien kilos murió abatido por la lanza de Esoi Chiquenoi. Era un felino musculoso que acababa de liquidar a su hermano clavándole los dientes en el cráneo y que intentaba morderle el cuello a él. Entre cuatro personas cazaban en uno de los últimos bosques vírgenes chaqueños de Paraguay, territorio ancestral de su pueblo,  los ayoreo. Corrieron entre quebrachos y algarrobos escapando del animal y tuvieron que luchar contra él hasta la muerte.

La caza es la actividad predilecta de los ayoreo, pero sus piezas favoritas son los cerdos salvajes, no los yaguaretés.

La región aún conserva reductos de varios millones de hectáreas libres de toda profanación industrial donde se puede encontrar grandes presas por el alto nivel de conservación de su territorio, tan alejado de las principales urbes de la zona como Asunción (Paraguay) o Santa Cruz (Bolivia), pero es algo cada vez menos común.

La hazaña de cacería de Chiquenoi se remonta a fines de la década de 1980, cuando él aún vivía en el bosque sin haber visto nunca a un blanco o “coñone”, que en ayoreo significa “los que no entienden el mundo o el bosque”, explica a Desigualdad Tagüide Picanerai, un joven líder ayoreo totobiegosode, familiar del último grupo que queda viviendo en el bosque en aislamiento voluntario. Él es el único totobiegosode que vive y estudia en la capital de Paraguay, a unas ocho horas por carretera de su comunidad.

Estas hazañas son algo ya del pasado para los cerca de 5.000 ayoreo que viven en un territorio que los mapas dicen que es Paraguay. Solo un pequeño grupo de quizá una docena o una veintena de miembros continúa pudiendo existir como antes de la llegada de Colón a América, refugiándose en las últimas zonas vírgenes de bosques que se ubican en el extremo norte de Paraguay.

Los no contactados comparten una choza comunal, con un pilar central y una bóveda hecha de ramas y barro que abandonan cuando cambian de lugar de residencia cada cierto tiempo en busca de lagunas. Solo si llueve duermen bajo techo. Cultivan calabazas, habas y melones, cazan en el bosque tortugas y cerdos salvajes y recolectan miel de abejas silvestres y palmito, entre otras comidas típicas. Son los últimos supervivientes en aislamiento de la colonización occidental en el Gran Chaco Americano, región compartida ahora por cuatro países: Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. Aquí, además de los ayoreo, existen una veintena de pueblos originarios diferentes como los qom, wichíes, nivaclés, yshir, enlhet, sanapaná, maskoy, chiquitanos y ava guaraníes, entre otros.

Si uno mira un mapa de la zona, los territorios ancestrales ayoreo ubicados entre las 3.4 millones de hectáreas del parque nacional Kaa Iya de Bolivia y el millón de hectáreas del Parque Nacional Defensores del Chaco de Paraguay, son los únicos remanentes vírgenes de gran extensión. En ese parque, que solo tiene un guardia forestal, miles de árboles de palo santo rellenan los surcos del Cerro León, lugar sagrado de los ayoreo en Paraguay, que parece un cerebro gigantesco visto en una fotografía tomada desde la Estación Espacial Internacional.

Los ayoreo totobiegosode deberían poder conservar sus territorios ancestrales y esa vida idílica si es su deseo, como dicen las Naciones Unidas y la Constitución paraguaya y boliviana.

Pero lo cierto es que las amenazas a su forma de vida han avanzado mucho más que la prevalencia de sus derechos en estas últimas dos décadas y ningún Gobierno ha tomado acciones definitivas para salvaguardar su territorio, cultura y medio ambiente, manifiesta Picanerai. “Es tan fuerte la discriminación hacia los indígenas en Paraguay que a pocos le importa lo que le suceda a los ayoreo. Hubo cierto apoyo social cuando el Gobierno amenazó con excavar en el Cerro León, pero porque es un lugar majestuoso y que la gente conoce y está orgullosa y no lo quieren perder”, explica Picanerai. Tagüide es estudiante de Educación en la Universidad Nacional de Asunción, es hijo de Porai Picanerai, cacique de la comunidad ayoreo de Chaidí, situada a unos 500 kilómetros de Asunción.

Chaidí es el asentamiento refugio ayoreo donde viven el centenar de personas que han abandonado el bosque más recientemente. En la comunidad viven en casetas de madera por familias y tratan de llevar una vida lo más parecida a la que tenían en el bosque, pero con desarrollo de servicios comunales como una escuela y ganadería y agricultura a pequeña escala.

Los totobiegosode conocieron nuestra sociedad a partir de 1979, cuando la "Misión Nuevas Tribus", un grupo evangélico estadounidense, entró en su territorio para "evangelizarlos" y de paso trasladarlos como mano de obra semiesclava a estancias ganaderas. Los evangelizadores ejercen aún influencia en su vida cotidiana, una obsesión de esta organización que perdura hasta hoy, pues mantiene un puesto en la zona. Uno de los muchos ayoreo que fueron obligados a salir del bosque fue el propio Porai Picanerai, quien dijo que los misioneros le forzaron a dejar su hábitat y forma de vida en 1986 junto a otros familiares. Porai relata como Nuevas Tribus les obligó a vivir en una reducción llamada Campo Loro, donde muchos morían por la falta de anticuerpos para las enfermedades de la sociedad envolvente y donde debían dedicarse a trabajos semiforzados.

Los misioneros provocaron un enfrentamiento que tuvo como resultado la muerte de al menos cuatro indígenas y la salida del bosque de otros 40, según los datos de las ONG Iniciativa Amotocodie y de GAT.

Desde entonces, cada vez más totobiegosode han ido saliendo del bosque, bien en enfrentamientos violentos o bien cuando ya no tenían más lugar a donde ir. Como es el caso de Ingoi Etacori de 40 años y Carateba Picanere, de 70, que salieron de la selva en 2004 al quedar solos al borde de una carretera abierta por dueños de estancias cercanas. Etacori aún tiene las marcas en la cabeza del pelo trenzado que acostumbraba a llevar, como manda la cultura de su pueblo. Su padre y sus tres hermanos aún viven en el bosque, asegura mientras sostiene a varios loros verdes en la mano en la puerta de su caseta de madera.

El hijo de Porai, Tagüide, que nació poco después de que salieran del bosque, corrobora la historia frente a una fogata donde se prepara carne de cabra en una noche de invierno austral en el poblado. “Lo que antes eran huellas de yaguareté ahora son marcas de las topadoras. Nuestros hermanos solo quieren que salvemos el bosque”, dice su padre en idioma ayoreo que traduce Tagüide al español.

La madre de Tagüide, Ñacoe Etacoro, también dedica sus primeras palabras a los extraños que llegan a su comunidad a señalar que la empresa Itapoti ocupa y tala ilegalmente sus tierras y que la han denunciado ante unos tribunales que parecen estar más de acuerdo con el avance de la deforestación que con la legalidad constitucional. “Tenemos títulos pero nos alambran el territorio, colocan sus vallados en medio de nuestras tierras donde viven nuestros hermanos aislados que huyen al ver y oír la actividad de las máquinas”, asegura la mujer.

Al menos tres empresas terratenientes, Yaguareté Porá, de Brasil; Carlos Casado, participada mayoritariamente por la constructora Grupo Sanjose (GSJ), de capital español; y la paraguaya Itapoti poseen los títulos de propiedad de buena parte de las casi 2.8 millones de hectáreas que, según los antropólogos, alguna vez integraron el territorio de los distintos grupos ayoreo, que vivían entre el sur de Bolivia y la región chaqueña de Paraguay.

El Grupo Sanjose es dueño de los títulos de propiedad de 254,000 hectáreas del Chaco paraguayo y presume de ello en su página web:  “Sanjose cuenta entre sus activos más importantes con 254,000 hectáreas” en Paraguay, país que considera “marco social e institucional estable, con un gran potencial de desarrollo económico y situado estratégicamente, puesto que limita con Brasil, Argentina y Bolivia".

“254,000 hectáreas es una barbaridad. Son medio millón de campos de fútbol o una cuarta parte de la comunidad de Madrid”, resalta sobre la propiedad de la constructora, Arantxa Guereña, quien está realizando para la oenegé internacional Oxfam un estudio llamado “Los Dueños del Paraguay” que trata sobre la posesión de la tierra, que en este país está hiperconcentrada. Según Oxfam, aproximadamente un 2,5 por ciento de la población de Paraguay es dueña de más del 85 por ciento de la superficie cultivable.

Mientras las organizaciones locales como GAT, Tierraviva, Iniciativa Amotocoide e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Survival ponen el grito en el cielo por el indiscriminado otorgamiento de las licencias ambientales por parte de las autoridades paraguayas, la empresa Carlos Casado S.A. asegura que no comete ningún delito. Argumenta que su compañía “siempre se ha desempeñado dentro del marco de los requerimientos legales”. “Dentro de ese marco legal hemos solicitado y obtenido todas las licencias ambientales con las cuales contamos para desarrollar las actividades de la empresa. No 'conseguimos' licencias, las tramitamos cumpliendo los requisitos y la entidad edministrativa nos la concede o no, según su evaluación”, reza una carta de la su asesora jurídica dirigida a Survival hace algún tiempo.

Líderes ayoreo totobiegosode, familiares y salvaguardas del último grupo nativo se han reunido en varias ocasiones este año con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, que es paradójicamente la institución encargada de lidiar con el tema. Los ayoreo piden que se cumpla con el dictamen de la Comisión Interamericana y que se persiga la deforestación ilegal en su territorio, pero el Gobierno se negó a concretar ningún plan contra la deforestación.

La CIDH solicitó en febrero pasado al Estado paraguayo frenar la deforestación ilegal que afecta al territorio de los totobiegosode. "Pero hasta la fecha, la respuesta del Gobierno a la CIDH y a los ayoreo ha sido totalmente inadecuada", afirma la oenegé Survival en un reciente comunicado.

La justicia internacional pidió además la creación de un mecanismo destinado a evitar el ingreso de terceros en esos terrenos, algo que tampoco se ha cumplido. De nada sirve que el abogado de los ayoreo acuda a cada rato a poner denuncias ante la Fiscalía, que sus líderes viajen hasta Asunción y se reúnan con representantes del Gobierno paraguayo —del conservador empresario y ganadero Horacio Cartes—, ni que corten calles de las ciudades cercanas a sus comunidades, pues las máquinas topadoras siguen entrando en su territorio.

Se trata de un caso único en América, ya que es el último pueblo indígena fuera de la Amazonía que vive sin contacto con el exterior. Su supervivencia depende de que se detenga la deforestación en la zona y se garanticen los títulos de tierra de los pueblos nativos. Solo quedan 120 pueblos aislados en todo el continente americano, la mayoría en la frontera de Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

La ganadería, la búsqueda de petróleo y de maderas preciosas siguen siendo responsables del “etnocidio que sufren los totobiegosode", explicó Benno Glauser, director de Iniciativa Amotocodie durante una conferencia en Asunción. Según Glauser, la mayoría de los totobiegosode que abandonaron el bosque aún viven el trauma del contacto. "Les engañaron, los ancianos siguen en shock ante la sociedad envolvente, sin poder entender nuestro sinsentido".

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