Género

Sin dinero es más difícil ser madre

Por Luciana Mantero

El embarazo en el Museo de la Ciencia de Londres. Foto / EPA FILES UK AND IRELAND
El embarazo en el Museo de la Ciencia de Londres. Foto / EPA FILES UK AND IRELAND

Patricia Muñoz pasó los últimos 23 años, más de la mitad de su existencia, deseando e intentando ser madre con todo lo que su cuerpo y su escaso patrimonio de empleada doméstica le han permitido. Hasta hace cinco sus óvulos parecían estar bien pero ahora, a sus 43, le anunciaron una menopausia precoz y por primera vez en su vida dio con las pastillas anticonceptivas para aplacar los calores corporales; toda una ironía. Tiene una carpeta abultada que más bien parece un bibliorato, con papeles amarillentos de estudios médicos iguales, de años sucesivos. Y está decidida a que esta última esperanza que le han dado de un tratamiento con un óvulo donado, en un hospital a 400 kilómetros de su casa, si se cumple, será la tómbola que confirme su destino, pues ya no puede más.

Si hubiera tenido dinero o un trabajo en blanco con obra social, Patricia habría podido intentar algo con aquellos óvulos que hoy no sirven. En estos 23 años habría hecho uno o varios tratamientos de fertilidad para cumplir el sueño de su maternidad. Pero aunque con Carlos Antonio, su marido, vendieron sus dos vehículos maltrechos que él usaba para trabajar como pintor de obra, solo les alcanzó para pagar las dos operaciones privadas que destaparan sus trompas de Falopio y para una hormona carísima preparada especialmente que un médico de su ciudad, Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, le hizo tomar. La Ley argentina ha evolucionado a su favor en los últimos tres años y es pionera en Latinoamérica en la cobertura económica de tratamientos de reproducción asistida, sin embargo la idea de que el Estado le garantice la posibilidad de tener un hijo, aún es letra muerta.

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Una pareja con problemas para concebir suele necesitar, en promedio, tres tratamientos de alta complejidad para lograr un embarazo, según la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR): fecundación in vitro, ICSI (inyección intracitoplasmática) e implantación del embrión. Cada tratamiento de este tipo cuesta unos 45,000 pesos argentinos (US $3,260), más otros 25,000 (US$ 1,810) de la medicación; un total de 5,000 dólares.

El camino hacia la Ley Nacional de Reproducción Médicamente Asistida empezó en 2006, cuando muchas personas en este brete y poco dinero empezaron a presentar amparos a la Justicia pidiendo la cobertura económica de los tratamientos, que habían aumentado con la devaluación del peso de 2002. Entonces pasó tímidamente a formar parte de la agenda política y mediática. En diciembre de 2007 Marisa Liguori y Marcelo Ayuso consiguieron el primer fallo a favor y sentaron un precedente. Pero la cuestión de la cobertura se tornó discrecional, dependiendo del juzgado en que caía y del tipo de tratamiento de que se tratara.

De a poco empezaron a emitirse leyes y decretos provinciales en la misma línea, hasta que en 2010 la provincia de Buenos Aires —la más poblada del país— se puso en sintonía y esto fue decisivo. El entonces gobernador Daniel Scioli y su esposa Karina Rabolini decidieron tomar el tema como bandera: para entonces, llevaban muchos años de tratamientos médicos en la búsqueda de un hijo, sin suerte. Con la futura candidatura presidencial entre manos, impulsaron una Ley que obligaba al sistema público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga a cubrir hasta dos tratamientos de alta complejidad, con gametos propios, a las parejas bonaerenses sin hijos cuyas mujeres tuvieran entre 30 y 40 años. Se tomaba la definición de la Organización Mundial de la Salud que considera la infertilidad como una enfermedad, con lo que se dejaba afuera a las parejas del mismo sexo, cuya infertilidad es “estructural”.

Desde ese momento empezaron a consensuarse distintos proyectos de Ley sobre el tema en el Congreso Nacional. Hasta que en junio de 2013, de manera sorpresiva para la mayoría de organizaciones que trabajan el tema, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con cuórum y mayoría propia en el Congreso, presentó, hizo aprobar y reglamentó en tiempo récord la Ley Nº 26,862 de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, que establece que todos los mayores de edad, sin ningún tipo de restricciones, pueden acceder de manera gratuita a hospitales públicos o con cobertura de la obra social o prepaga a cuatro tratamientos de baja complejidad (inseminación) y tres de alta en caso de querer tener un hijo y no poder lograrlo; la primera norma de su tipo en Latinoamérica y una de las más amplias en el mundo.

Además de cubrir los tratamientos de baja y alta complejidad con gametos propios, contempla el uso de otras donadas, la criopreservación de gametos y embriones y acepta incorporar nuevas técnicas a medida que se investigan y desarrollan. No toma la idea de la enfermedad sino la del derecho reproductivo. No impone precondiciones, como estado civil, orientación sexual ni límite de edad.

La Ley dejó afuera cuestiones como la regulación de los donantes mediante la creación del Registro Único y el destino de los embriones congelados, que se abarcan en una norma complementaria con media sanción que vencerá a fin de año si no hay voluntad política para tratarla.

Las asociaciones de pacientes consultadas, como Concebir y Sumate a Dar Vida, los especialistas entrevistados y la SAMeR coinciden en que la Ley fue un gran avance porque universaliza la cobertura de los tratamientos, establece los derechos reproductivos y desplaza el eje del negocio a lo emocional, como es la formación de la familia. Pero algunos critican desde el principio las fallas en su cumplimiento por lo amplio de su reglamentación, la falta de regulación y de consenso previo que hace que muchas provincias se nieguen a cumplirla.

La Argentina es un país federal y el sistema de salud está delegado en sus 23 provincias y en su capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo ocho de ellas se han adherido a la Ley; otras seis tienen normas locales anteriores y menos abarcativas, las cuales cubren algunos tratamientos de manera más restringida. La ley obliga a las empresas de medicina prepaga y obras sociales sindicales pero no a los hospitales y a las obras sociales de los empleados de esas provincias. 

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Cada vez que Patricia Muñoz va a un hospital a hacerse estudios pierde el dinero que ganaría esa mañana de trabajo por limpiar casas, unos 280 pesos (20 dólares). En los últimos meses una tremenda temporada de lluvias, que inundó gran parte del noreste del país, tiene a su marido en un parate laboral. Viven de lo que ella trae. 

Viene de familia grande, tiene ocho hermanos y siempre soñó con ser madre numerosa. Hace su catarsis los terceros domingos de octubre, cuando otras mujeres festejan. Esos Días de la madre el corazón le aprieta y se encierra con Carlos Antonio a llorar. Las siguientes mañanas al levantarse para ir a trabajar se preguntará: “¿Para qué hacer el esfuerzo? ¿Por qué a mí?”.

Dana Spósito escucha con preocupación el tic tac de su reloj biológico y busca un plan B. Cumplirá pronto sus 33 años y aún tiene la esperanza de ser madre y con sus propios óvulos. De todas formas, como Patricia, necesita de un donante: Dana está casada con Elizabeth, su pareja desde hace cuatro años, quien ya tiene hijos de una vida anterior.

Estudió para maestra jardinera porque le encantan los niños. A veces siente un vacío pensando en que todavía no pudo cumplir su sueño.

“Creo que todas las mujeres tenemos el anhelo. Lo que pasa es que cuando te enfrentás a tantas trabas te ponés ciertas barreras”, dice desde el locutorio de Paso del Rey, en Moreno, en el oeste del gran Buenos Aires, donde trabaja. Atiende al público todos los días de 15 a 21, desde hace tres años y está “en negro”, como su pareja, como cuatro millones de argentinos. Una sola vez en su vida tuvo obra social y fue por un trabajo “en blanco” en una automotriz, que duró lo que un suspiro. Y entonces atiende su salud en el sistema público.

Sus últimos cuatro años fueron un peregrinar entre estudios y hospitales. Compró de su bolsillo por unos seis mil pesos (420 dólares) una muestra de semen de un donante y logró que le hicieran cuatro inseminaciones en el hospital Güemes de Haedo. No tuvo suerte. Le queda la opción de intentar una fertilización in vitro, pero en el sistema público eso es casi como jugar a la lotería. En Haedo, le dijeron, hay una lista de espera de tres años; en el Hospital de San Martín estuvo doce meses haciéndose los estudios previos y cuando se acercaba a la meta le dijeron que dejaban de hacer los tratamientos de alta complejidad por falta de fondos.

“A las chicas que tienen obra social también les cuesta mucho. Este tema está trabado por todos lados”, cuenta sobre la experiencia de otras amigas con parejas del mismo sexo. “Para mí la maternidad significa terminar de formar la familia. Tener un hijo es todo, sentís que te falta algo. Como que no podés completar tu felicidad”.

Desde hace un año y medio llama por teléfono sin cesar a la línea gratuita del Ministerio de Salud de la Nación para pedir ayuda. Lleva cuatro decenas de números de reclamo anotados en su cuaderno bordó.

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Para Isabel Rolandi, presidenta de Concebir, “a pesar de la Ley hay prestaciones que no se cumplen por falsas interpretaciones de las empresas prestadoras: la cobertura del cien por ciento de medicación, la criopreservación y posterior transferencia de embriones y en muchos casos la donación de óvulos o semen”.

Nicolás Neuspiller, el coordinador del nuevo Programa de fertilización asistida que puso en marcha este mes el gobierno de Mauricio Macri, asumido en diciembre de 2015, sostiene que el cumplimiento de la Ley en el sector de medicina prepaga está “bastante bien” y en el de las obras sociales “bastante mal”. “Hay gremios que son enormes y hacen dos casos por mes”, dice el funcionario. Y reconoce que en el sector público “todavía nos falta generar nuevos lugares donde pueda ir la gente y hacer una mejor distribución”. “Pero para eso —agrega— lo primero es formar profesionales idóneos en los lugares donde se puede trabajar baja complejidad, donde ya está la droga pero no el equipo médico formado para hacerla. La voluntad política está y de a poco vamos avanzando. Creo que al año que viene vamos a poder cumplir con la gente que está en lista de espera”.

En el país, solo tres hospitales, que reciben el apoyo simultáneo de la Nación y de su provincia, hacen tratamientos de alta complejidad, algunos con convenios con centros privados para la donación de gametos: el Instituto Universitario Materno Infantil de la provincia de Córdoba, el hospital Penna de Bahía Blanca (en Buenos Aires, que depende de la provincia) y el Hospital Materno Infantil de Tucumán. Otros dos en La Plata y Mar del Plata, les pisan los talones.

Algunos otros hospitales, distribuidos en general en la periferia de Buenos Aires y de las grandes ciudades, hacen solo inseminaciones, es decir tratamientos de baja complejidad. “Tierra del Fuego, Santa Cruz, Jujuy, Chaco, Misiones… las provincias más alejadas son las que no tienen centros públicos donde se haga algún tratamiento”, agrega Neuspiller. Es decir, los más pobres nacidos en esas zonas corren con la mayor desventaja, si tienen algún problema, para poder tener hijos.

Del total de las quejas por “problemáticas prestacionales” que recibió la superintendencia de Servicios de Salud en el primer trimestre de 2016, un 11 por ciento eran por incumplimientos en la Ley de reproducción asistida contra las obras sociales y un 35 por ciento contra las prepagas (las quejas al sector público van al Ministerio de Salud, de Asistencia Social y a la Casa de Gobierno). “Pero entendemos que los afiliados de obras sociales tienen menos poder adquisitivo e información sobre sus derechos y por eso también hay menos reclamos”, aclara su coordinador operativo, David Aruachan.

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Susana Gaido tiene 46 años, dos hijos que arañan los veinte y desde el día en que conoció a Juan Carlos vive arrepintiéndose por su imprudencia: hace años decidió ligarse las trompas pensando que nunca más querría ser madre.

Como su pareja, que se dedicó a la construcción y a la entrega de mercadería, casi toda su vida trabajó “en negro”. Fue auxiliar de enfermería en un hospital y en una clínica, kinesióloga a domicilio, cocinera de un hogar de ancianos. Hoy coordina los viajes en una agencia de remises [coches con conductor], la misma donde trabaja Juan Carlos de chofer. Obra social o medicina prepaga le suenan a utopía. Se atiende en el sistema público de salud, donde dice haber tenido una gran mayoría de buenas experiencias: “te hacen los estudios necesarios, nada por demás; te operan rápido para que vuelvas a tu casa y desocupes la cama”.

Si tuviera dinero Susana haría “enseguida” uno o varios tratamientos de fertilidad, primero una inseminación y luego —lo más probable por su edad— uno de alta complejidad con la donación de un óvulo. “Cuando uno está enamorado piensa en tener una familia. Que no se cierre ese círculo entre dos, dejar una descendencia, un brote del amor sano que se tiene”, suspira. Como a duras penas llega a fin de mes. Hay días en que se deprime y se la pasa encerrada en su casa de Hurlingam, en el oeste de conurbano bonaerense. “El que no cuenta con esos requisitos se queda afuera. Ojalá tuviéramos la posibilidad de poder pagarlo”.

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Para algunos lo amplio de la Ley 26.862 resulta muy bien en la teoría pero en la práctica, con un país con trece millones de pobres y un sistema de salud público colapsado, termina siendo una desventaja para los que menos tienen. 

“No hay muchos países que tengan ley de fertilidad. La verdad es que no sé de dónde sacaron el modelo, pero se quedaron a medio camino, porque en vez de sacar una ley integral que hablara del embrión y diera marco a las prácticas, sacaron por cuestiones de rédito político una ley a las apuradas con muy poca consulta a los especialistas”, dice el embriólogo Gustavo Martínez, presidente de SAMeR, y pide por la aprobación de la Ley complementaria con media sanción en el Congreso. A la hora de pensar las mejoras, señala, entre otras, el límite de edad: “Si bien estaba contemplado, más por un tema de distribución del recurso financiero que por cuestiones biológicas o médicas, Cristina [Fernández de Kichner] lo borró el día de la presentación. Ahora estamos como estamos. Debería ser de entre 42 y 43 años para tratamientos con óvulos propios y 50 para donación”.

Para el doctor Adan Nabel, especialista en reproducción, “en Holanda no se hacen tratamientos en mujeres de más de 40 años aduciendo que la baja tasa de embarazo que se obtiene a partir de esa edad no justificaría la subvención del Estado, es decir, alto costo a poco beneficio. La ley Argentina no sienta ningún tipo de criterio de restricción, no contempla la limitación de los recursos que existen en nuestro país, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas con necesidades básicas insatisfechas. En Uruguay rige una ley de cobertura que se basa en la declaración de ingresos de cada persona y cada caso es evaluado por un ente nacional. Pareciera ser un sistema más equitativo, aunque más lento y burocrático según lo que expresan las pacientes”. Off the record otro referente del tema del sector social sostiene que con esta ley “los que más pierden son los que más lo necesitan”. 

“La ley deja muchos grises —sostiene Aruachan, de la superintendencia de Servicios de Salud—, como el no establecer límites de edad, cuando los protocolos internacionales marcan limitar por un tema sanitario tanto el de la madre como el de la persona por nacer. Tuvieron muy en cuenta el capital político, pero muy poco el impacto presupuestario que tiene en el servicio de salud. Esto genera que muchas obras sociales y muchas estructuras chicas de salud, como pueden ser las municipales, entren en un espiral que las puede condicionar económicamente”.

“En las salas de espera conviven por momentos realidades diferentes", sostiene Nabel. "Por un lado, la maestra de jardín de infantes del conurbano, que goza de un salario escaso y cuyo embarazo logrado gracias a esta Ley de Fertilidad constituye un verdadero orgullo para una sociedad como la nuestra. Por otro, la pareja que decide postergar su tratamiento cubierto por la misma ley, para hacer un viaje de compras y placer a Miami, para recargar energías y relajarse para el esfuerzo físico y psíquico que implica el intento. Ambas sufren, ambas merecen ser madres. ¿Pero quién debiera hacerse cargo de cada tratamiento? La ley pareciera pretender abarcar y satisfacer más de lo que la situación nacional lo permite”.

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