Género

El escape que nunca termina

Por Diego Pérez Damasco

Activistas y refugiados dando la cara en una protesta. Foto / DIEGO PÉREZ DAMASCO
Activistas y refugiados dando la cara en una protesta. Foto / DIEGO PÉREZ DAMASCO

Thalía Ramírez es una mujer de tez clara, facciones de mestiza y cabello corto. En su dentadura hay algunos espacios libres. Está al borde de los cuarenta años y es de El Salvador. Sin embargo, una característica la marca, al punto que las demás palidecen en la comparación. Thalía es una mujer transgénero.

En El Salvador, Thalía era presa fácil para las pandillas. Separadas de sus familias, estigmatizadas por la sociedad e ignoradas por las autoridades, personas como ella cuentan con todas las características para que el crimen organizado las extorsione, sin represalia u obstáculo. Así lo hicieron con ella.

“El gobierno ya perdió todo el control en El Salvador para detener la violencia y la delincuencia. Solo por ser transexuales, andar con nuestro pelo largo y vestidas de mujer, ya somos objeto de extorsión para los pandilleros”, explica Thalía, quien incluso temió por su vida ante la imposibilidad de seguir pagando a estos grupos delincuenciales.

Para seguir viva y librarse de las extorsiones, Thalía se vio obligada a huir de un país que no podía defenderla. Con prisa y sin recursos, en vez de viajar a Estados Unidos o España, terminó en Costa Rica, país cercano y reconocido internacionalmente por el respeto a los derechos humanos.

Thalía llegó a Costa Rica en 2013, sin saber que podía solicitar refugio y sin conocer a las organizaciones que podían apoyarla y ayudarle a forjar una nueva vida. Hasta que fue encontrada por la organización Casabierta. Ellos le orientaron en el proceso.

Thalía Ramírez, refugiada trans salvadoreña. Foto / DIEGO PÉREZ DAMASCO
Thalía Ramírez, refugiada trans salvadoreña. Foto / DIEGO PÉREZ DAMASCO

El caso de esta mujer trans no es excepcional. En los últimos años, cientos de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), expuestos a la violencia sistemática de sociedades que parecieran querer eliminarles, huyen a Costa Rica que, pese a su reputación, no se ha preparado para recibir, de manera adecuada, este flujo migratorio.

Honduras es el caso extremo de la violencia generalizada y de la persecución particular hacia la población LGBT en Centroamérica. El activista David Sequeiros lo vivió en carne propia, cuando trabajaba por los derechos de la comunidad sexualmente diversa en La Ceiba, una ciudad de la costa Caribe de ese país.

A La Ceiba, con poco más de 180 mil habitantes, se le conoce como 'la novia de Honduras', por contar con las mayores opciones de entretenimiento per cápita en la nación. Para David, sin embargo, fue el epicentro de la pesadilla.

En 2013 empezó a recibir amenazas por su trabajo como activista con la organización Oprouce, dedicada a la educación para la prevención del VIH y SIDA. Unos meses después, los mensajes y las llamadas trascendieron a un intento de agresión armada, en las instalaciones de la organización.

Un individuo, con pistola en mano, entró buscando a uno de los integrantes en particular y nos terminó agrediendo a todos. Estuvimos a punto de morir. Si no es por un voluntario de la oficina que llegó a tiempo, nos hubieran matado a los cinco que estábamos adentro”, narró Sequeiros.

“Después de eso, nuestras organizaciones aliadas nos sacaron de La Ceiba y nos llevaron a Tegucigalpa, la capital, para evitar el riesgo inmediato. Allí estuvimos un mes y nos reunimos con el embajador de Estados Unidos, quien nos dijo que no era posible un asilo político en ese país, pero nos dio un subsidio para sacarnos de Honduras”, continuó.

Primero fueron a Panamá, donde el grupo se dividió: unos terminaron en España, y otros, entre ellos David, en Costa Rica.

David y sus colegas activistas pudieron haber terminado asesinados ese día de abril de 2013, y engrosar las macabras estadísticas de la violencia contra personas sexualmente diversas y transgénero en Honduras.

De acuerdo con datos de la organización Cattrachas, en Honduras, desde el golpe de Estado de 2009 a la fecha, se han registrado 222 asesinatos de personas LGBT. De estos, solo se han judicializado 48. La cifra alarma más al tomar en cuenta que entre 1994 y 2009 se registraron tan solo 20 casos. Del total de 242 en ese periodo, 137 han sido hombres gay, 87 personas trans y 18 lesbianas.

Para El Salvador y Guatemala no existen datos. Sin embargo, importa señalar que en septiembre del año pasado el congreso salvadoreño aprobó una ley para penar los crímenes de odio por orientación sexual, que tuvo una fuerte oposición por parte de los mismos cuerpos policiales.

Aunque en Costa Rica David se sintió más seguro que en su país, desde que inició su proceso de solicitud de refugio percibió trabas y dificultades.

“No hay una asesoría legal previa, falta información sobre el proceso, y creo que muchas veces eso les sirve a los que entrevistan para denegar las solicitudes de refugio en Costa Rica”, dijo Sequeiros.

Kahory Paniagua, refugiada trans hondureña que falleció en Costa Rica. Foto / Cortesía de la Fundación Casabierta.
Kahory Paniagua, refugiada trans hondureña que falleció en Costa Rica. Foto / Cortesía de la Fundación Casabierta.

Mientras para David había trabas en su proceso para ser reconocido como refugiado, Kahory Paniagua, una trans hondureña —que como Thalía, fue encontrada y orientada por la organización Casabierta— enfrentaba el mismo problema, junto a otro mayor: la dificultad para acceder a los servicios públicos y universales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y obtener un tratamiento para su condición de VIH+.

Aunque la CCSS tiene la obligación de brindar servicios a todo el que lo necesite, y una ley de VIH-Sida extrema las medidas en caso de que se cuente con esta infección, la condición de migrante y trans de Paniagua se tradujeron en anomalías en su tratamiento, sin que le dieran mayor explicación.

En Costa Rica, los solicitantes de refugio obtienen un permiso laboral temporal, sin embargo esto no facilita su acceso al trabajo. Un solicitante de refugio hondureño, que prefirió mantener el anonimato, indicó que por lo menos diez empresas multinacionales que mostraron interés en su perfil profesional (conocimientos técnicos en informática y alto dominio del inglés), lo rechazaron por contar con un documento migratorio muchas veces desconocido y con un permiso de corta duración.

Como se va asomando en esta descripción, queda claro que Costa Rica no es el paraíso. El país, en un principio tierra de esperanza para las personas LGBT perseguidas en la región, en algunos casos se ha convertido en un limbo. Lo engorroso de los trámites, la falta de conocimiento de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la Dirección General de Migración, y en general la dificultad para integrar a estas personas de forma productiva en la sociedad, ha convertido a Costa Rica en una 'jaula de oro': podrán estar más seguros pero, de nuevo, sin muchas oportunidades para reiniciar sus vidas.

En 2013 parecía que Costa Rica hacía historia, al reconocer la persecución por orientación sexual e identidad de género como una causal de refugio. Así se asiló Dennis Castillo, ahora colaborador de Casabierta, y otros dos activistas hondureños.

Pero obtener la condición de refugiado es solo el primer paso, en un país que no cuenta con mecanismos ni presupuestos para atender a esta población. “Después hay que establecerse: buscar un lugar donde vivir, un trabajo, tener acceso a estudios, al sistema de salud; es comenzar de cero, rehacer tu vida. No ha sido una fácil en mi caso, se nos complica obtener cualquiera de los requerimientos mencionados, esto puede ser debido a prejuicios que existen con los extranjeros, por el verdadero desconocimiento de nuestra situación migratoria”, señala Castillo.

Como sea, Dennis fue afortunado. La constante denegación de solicitudes de refugio se ha convertido en otro problema paralelo. Después de que a él y a sus dos colegas les dieron el estatus, los siguientes tres casos que conoció Casabierta fueron denegatorias.

Los datos sobre los trámites de condición de refugiado son considerados sensibles, por lo cual el gobierno de Costa Rica no los hace públicos. De acuerdo con Zoilamérica Ortega, asesora de la Comunidad Casabierta, la mayoría de las personas centroamericanas que huyen debido a una persecución por orientación sexual, piden el refugio por otra causa u ocultan que son gais o lesbianas, pues tienen miedo de sufrir represalias similares a las que vivieron en sus países de origen.

Eso facilita que la Comisión de Visas Restringidas y Refugio deniegue las solicitudes, y a la vez dificulta que organizaciones como Casabierta tengan un conteo independiente sobre la cantidad de refugiados, o de solicitudes de refugio, por este tema.

Marco Castillo, abogado y presidente del Movimiento Diversidad de Costa Rica, acompaña a Dennis Castillo a interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Foto / DIEGO PÉREZ DAMASCO
Marco Castillo, abogado y presidente del Movimiento Diversidad de Costa Rica, acompaña a Dennis Castillo a interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Foto / DIEGO PÉREZ DAMASCO

En Costa Rica viven 3,487 personas refugiadas, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur); el 62 por ciento de ellas son originarias de Colombia. Sin embargo, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), nueve de diez solicitudes de refugio son rechazadas.

En 2014 solo se aceptaron ochenta refugiados y se rechazaron 817 solicitudes, mientras que en 2015 se aceptaron 115 y se denegaron 348. Esto genera incertidumbre e inestabilidad entre quienes viven el proceso de solicitud de refugio, o quien lleva a cabo una apelación. Más aún, la población sexualmente diversa se enfrenta a un doble estigma: ser migrantes —en un país con tintes marcadamente xenofóbicos, en particular hacia los demás centroamericanos— y tener una orientación sexual o una identidad de género diferentes.

Hacia finales de 2015, Sequeiros, junto con otros dos solicitantes de refugio hondureños, interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, por la tardanza de las autoridades de Migración para responder a sus apelaciones con respecto a la denegación del refugio.

Ante las negativas anteriores, y con la posibilidad real de que un rechazo final los obligara a volver a Honduras —país al que no pueden regresar si quieren seguir con vida— les llevó a la decisión de reubicarse en España. Ahí vive desde hace unos meses.

Los tres que acudieron a la justicia costarricense recelan sobre la incertidumbre de dos años como solicitantes de refugio. Los hace sentirse en un limbo: no son legales ni ilegales, pueden trabajar pero nadie los acepta, y aunque la ley estipula que después de tres años de residir legalmente en Costa Rica se puede optar por una residencia permanente, ese derecho no los cobija.

Costa Rica es mundialmente conocido como un país amistoso, de alta calidad de vida, que acepta refugiados y les da una oportunidad de hacer una nueva vida. Sin embargo, la evidencia sugiere que el Estado ha esquivado responsabilidades.

En 2014 había otras expectativas, con la entrada de un gobierno dirigido por un partido no tradicional. En ese año, el Partido Acción Ciudadana (PAC), de centro-izquierda, llegó al poder con la consigna de los derechos humanos y, en particular, con el reconocimiento a los derechos de la población sexualmente diversa.

Una aliada tradicional de los movimientos LGBT, la exdiputada Carmen Muñoz, es ahora la viceministra de Gobernación y Policía y, por lo tanto, jefa de la Dirección de Migración y Extranjería, lo que sugería un camino distinto al que han vivido estos refugiados. Esto no ha sido necesariamente así.

La Comisión de Visas Restringidas y Refugio ha rechazado un buen número de solicitudes de refugio de la población sexualmente diversa, pues atribuye la persecución de estas personas al ambiente de violencia y criminalidad que se vive Honduras y en El Salvador, en general. La Comisión se escuda en que Costa Rica no es signataria de la Convención de Cartagena, instrumento que permite reconocer como refugiados a las víctimas del crimen organizado. En otras palabras: se lavan las manos.

Probablemente el Estado costarricense no quiere lidiar con el éxodo, no solo de personas LGBT, sino también de otras víctimas de criminalidad que podrían estar llegando al país.

No obstante, el flujo migratorio desde el Triángulo Norte de Centroamérica se seguirá dando mientras no exista un cumplimiento efectivo de los derechos humanos, y mientras la débil institucionalidad de estos países sea inútil contra el flagelo de las pandillas y el narcotráfico.

Mientras tanto, Thalía está a la espera de una resolución final. David depositó sus esperanzas en otro país. Kahory llegó a Costa Rica con la esperanza de un reinicio: encontró en el país la muerte, por complicaciones médicas.


Diego Pérez Damasco es integrante de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes, iniciativa inédita para destacar nuevo talento periodístico en la región.

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