Género

Cuando la universidad es una caja negra para la violencia de género

Por Arturo Ilizaliturri

Acto de protesta en la UNAM fotografiado por la Red No Están Solas / Facebook
Acto de protesta en la UNAM fotografiado por la Red No Están Solas / Facebook

“Perra”, escuchó Martha [nombre ficticio] mientras caminaba sobre el piso de adoquín de su universidad, húmedo por la lluvia. Se lo dijo un hombre al que no pudo identificar por traer puesto el gorro de la sudadera y un cubrebocas. Él traspasó una pequeña caseta de vigilancia y la insultó cuando la tuvo a unos pasos de distancia. No fue un grito, sino casi un murmullo que la dejó helada: “perra”.

Martha se detuvo un instante, sorprendida, pero siguió caminando, “me sentí mal, sentí feo y me dio mucho coraje”. El incidente ocurrió el pasado 9 de marzo.

Martha ha aprendido a estar alerta, a fijarse en la mirada de las personas que la rodean. Lo aprendió a la mala, desde que en octubre de 2014 denunció que un compañero del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la violó, y se desató un clima de hostilidad en su contra.

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El 16 mayo de 2014 Martha y sus compañeros del ICN celebraban su exitosa participación en la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Física. Hicieron una fiesta en un apartamento, a la que se unió Víctor Hugo Flores Soto, estudiante de posgrado del ICN y compañero de Martha. Durante el festejo, le ofreció un poco de alcohol que llevaba guardado en una botella de plástico.

El siguiente recuerdo de Martha es haber amanecido desorientada y con dolor en todo el cuerpo. “Fue como despertarme de una pesadilla, no sabía en dónde estaba, ni lo que había pasado, no recordaba nada”. Se vio en el espejo y su cabello estaba completamente enredado, como si le hubieran hecho nudos, temblaba. “Me puse agua en las manos y traté de peinarme con los dedos; me dolía el cuero cabelludo, como cuando te jalan”, relató en 2015 a la agencia Cimac.

No fue hasta octubre de 2014 cuando Martha supo que Víctor Hugo Flores la había violado mientras estaba inconsciente. Se lo contó una amiga que atestiguó los hechos, pero que no había dicho nada antes porque pensó que se había tratado de una relación sexual consensuada. Tras mucha confusión, decidió enfrentar a su agresor y denunciarlo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la UNAM.

Después de más de 15 meses de litigios y un largo y revictimizante proceso que aún no termina del todo, Martha y su abogada lograron que el pasado 21 de marzo se le dictara auto de formal prisión al denunciado. Durante este tiempo, las autoridades universitarias nunca emitieron una sanción definitiva en su contra.

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La UNAM, la mayor y más prestigiada universidad de México, carece de un protocolo para atender denuncias de violencia sexual. Ante esta situación, son los directores de cada facultad o instituto quienes deciden qué casos son lo suficientemente importantes como para llegar al Tribunal Universitario, encargado de emitir un fallo. El de Martha fue el primer caso de violencia sexual en llegar a esa instancia.

Luego, vino la audiencia. "¿Para el día de los hechos eras virgen?". "¿Tu consumo de alcohol en fiestas es alto?". "¿Sueles dormir fuera de tu casa?". ¿Tal día te acostaste con tal persona? Las preguntas las hizo la defensa del acusado, pero con el permiso del Tribunal Universitario, que solo desechó el cuestionamiento sobre la virginidad de la víctima. Lo demás, Martha tuvo que responderlo.

En la audiencia, un testigo de Víctor Hugo Flores, una persona que ella jamás había visto, la describió como una mujer que suele emborracharse y tener sexo en las fiestas. Tras este encuentro, en el que Martha expuso su caso ante las autoridades universitarias, llegó a la terapia “derrumbada”, recordó en entrevista para Desigualdad.

Acto de protesta en la UNAM fotografiado por la Red No Están Solas / Facebook
Acto de protesta en la UNAM fotografiado por la Red No Están Solas / Facebook

El Tribunal Universitario, según su reglamento, tiene ocho días para emitir un fallo, pero en este caso demoró más de un año. La académica especializada en temas de género Natalia Flores añadió vía telefónica que uno de los defectos del procedimiento actual para atender y sancionar la violencia sexual en la UNAM es la opacidad. “Es un misterio. Es como una caja negra, nadie sabe lo que pasa”, mencionó.

Cuando el Tribunal finalmente decidió expulsar a Flores Soto por el delito cometido contra su compañera, este se amparó ante la justicia federal y pudo seguir estudiando mientras aguardaba la resolución definitiva de la Comisión de Honor y Justicia de la UNAM, instancia en la que apeló su expulsión.

El pasado 10 de enero, Martha supo que la Comisión de Honor y Justicia decidió no sancionar a Víctor Hugo Flores Soto pues los hechos ocurrieron fuera de la escuela. Aún estando preso en el Reclusorio Oriente para enfrentar el juicio por violación, Víctor Hugo Flores podrá obtener un posgrado de esta importante universidad.

Martha jamás fue notificada por las autoridades de la UNAM sobre las determinaciones tomadas en el caso. La universidad considera que es un asunto disciplinario y, como tal, no hay víctimas. “Yo soy un cero a la izquierda para ellos”, denunció.

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El 10 de marzo de 2016, un día después del episodio en el que un desconocido insultó a Martha en al campus de la universidad, el secretario de Gobernación anunció que el gobierno federal “trabaja para combatir y poner fin a la violencia de género en todas sus manifestaciones”. Dos días antes, durante el Día Internacional de la Mujer, el presidente Enrique Peña Nieto celebró que “sin duda" el país ha hecho avances "en erradicar la violencia contra las mujeres”.

En México se cometen alrededor de 600,000 delitos sexuales al año. Entre 2010 y 2015, la cantidad de estos crímenes fue calculada en más de dos millones 996 mil por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en su primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México. Ocho de cada diez víctimas son mujeres.

Pero frente a la estimación de 600,000 delitos sexuales cometidos al año sobresalen dos datos: solo se integran 20,000 averiguaciones previas anualmente y de ellas solo en 6,000, el 1 por ciento de los casos, se consigna al agresor ante un juez.

Acto de protesta en la UNAM fotografiado por la Red No Están Solas / Facebook
Acto de protesta en la UNAM fotografiado por la Red No Están Solas / Facebook

Entre las personas que figuran como víctimas de delitos sexuales en las averiguaciones previas, ser estudiante es la ocupación más frecuente, con un 25.6 por ciento de los casos.

Tan solo en la UNAM el 49.3 por ciento de las alumnas, 34,642, dijo haber sufrido algún tipo de hostigamiento en la universidad, de acuerdo con una encuesta realizada por el Programa Universitario de Equidad de Género (PUEG) en 2009, la más reciente.

De ellas el 27.1 por ciento experimentó “miradas morbosas o gestos molestos”. El 22.1 por ciento, “frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia”. El 2.1 por ciento tuvo que cambiarse de grupo o dar de baja una materia por acoso sexual. Y 71 alumnas, el 0.2 por ciento, sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados.

La UNAM no es la única universidad sin procedimiento específico para atender casos de violencia sexual. En México existen al menos 32 universidades autónomas locales, una por cada entidad federativa, y solo cuatro de ellas (la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Quintana Roo) tienen un protocolo diseñado para la atención de hostigamiento y abuso sexual.

De esas cuatro universidades, la Universidad Michoacana contempla atender únicamente los casos ocurridos dentro de sus instalaciones y la Universidad Autónoma de Quintana Roo no prevé atender a alumnos sino a trabajadores.

Es más, solo una de cada ocho universidades autónomas incluye de manera particular la sanción de delitos sexuales.El resto, enuncia de forma general en sus reglamentos o estatutos “actos contrarios a la moral”, “faltas de respeto” u “hostilidad”. Conductas como llegar en estado de ebriedad a clase o falsificar documentos escolares sí son tipificadas con precisión por la mayoría de las casas de estudio.

La UNAM y la Universidad de Guanajuato tienen un anteproyecto de protocolo en proceso de aprobación. Y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) cuenta con un procedimiento no institucionalizado que ha resuelto algunos casos.

La situación en las universidades privadas no es mejor. Ninguna de las más importantes cuenta con un protocolo, aunque algunas de ellas especifican en su reglamento general el acoso sexual como una falta disciplinaria.

En 2014 el Tecnológico de Monterrey tenía, dentro del campus Estado de México, un Procedimiento para Atención de Quejas contra Acoso y Hostigamiento Sexual, pero las propias autoridades escolares admitieron para este reportaje que ya no está vigente y que el Comité de Equidad de Género, encargado de su funcionamiento, ya no existe.

La Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana sancionan el acoso sexual en sus respectivos reglamentos, pero de manera general. La Universidad Anáhuac no menciona el tema.

En el extremo opuesto, la Universidad Autónoma de Guadalajara, privada y de orientación cristiana, prohíbe expresamente que las mujeres utilicen ropa transparente o que las blusas y faldas sean “extremadamente cortas”, así como la ausencia de ropa interior o el uso de esta de manera visible, “ya que con ello se puede provocar la falta de respeto de sus compañeros”.

Según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los centros educativos deben “formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres, para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas”.

Pero la ley es letra muerta.

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En febrero de 2014, Ximena Galicia, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana, cumplía su servicio como becaria. Llegó a la coordinación de Ciencias Sociales a pedirle a la persona con quien estaba asignada, un trabajador administrativo y profesor adjunto, que le encargara algunas labores.

“Pues tu trabajo va a ser coquetearme”, le respondió. Mientras él reía, Ximena le dijo que era en serio y él insistió: “sí, coquetéame”. Finalmente el hombre, al que Ximena prefiere no identificar por su nombre, le pidió que ordenara sus libros en orden alfabético y salió de su cubículo.

Ella acomodaba los libros cuando su tutor volvió a la oficina y la tomó por el gorro de la sudadera que traía puesta; la asustó. “Si te pones así porque te agarro la sudadera, ¿cómo te pondrías si te agarro una nalga?”, le soltó. Ella no dijo nada, solo escuchó la advertencia del sujeto: “vas mal con tu servicio de becaria, te voy a poner una mala calificación”.

La Universidad Iberoamericana es una importante escuela privada jesuita, ubicada en la exclusiva colonia Lomas de Santa Fe, en la Ciudad de México. “Ahí hay un nivel importante de acoso sexual, pero no se denuncia”, afirmó en entrevista Ximena, quien lo sufrió en persona e intentó denunciarlo sin éxito durante 2015. Este año abrió un procedimiento legal que apenas empieza.

Acto de protesta en la UNAM fotografiado por la Red No Están Solas / Facebook
Acto de protesta en la UNAM fotografiado por la Red No Están Solas / Facebook

Ya antes su agresor la había acosado. Todo comenzó con un mensaje de texto, en el que el sujeto le propuso a Ximena que lo sedujera para obtener mejores calificaciones en la materia de Ciencia Política, de la que era profesor adjunto. Ella le aclaró que ese tipo de comentarios la hacían sentir incómoda. Un mes después ocurrió la agresión en la Coordinación de Ciencias Sociales. Después, él fue más allá: amenazó a Ximena con bajarle una calificación por negarse a darle un beso.

La joven lo denunció en la Procuraduría de Derechos Universitarios de la Ibero, que estableció que había ocurrido un acercamiento no consensuado pero no aplicó alguna sanción. Su director de carrera se negó a remover al agresor de la materia que le impartía a Ximena y sólo accedió luego que otros profesores se lo pidieran.

Ximena tuvo varias crisis nerviosas como consecuencia y la depresión que arrastraba desde tiempo atrás se recrudeció. “Me quería dar de baja de la universidad, ya no quería ir porque la gente te juzga: es que tú ibas a esa oficina [de Ciencias Sociales], fue tu culpa porque tú estabas ahí", recuerda que le decían.

Ella asegura que para la Universidad Iberoamericana se trata de un caso cerrado y afirma que existió encubrimiento. Sabe que muchas estudiantes acosadas u hostigadas se preguntan ‘para qué se exponen o para qué denuncian si no se va a hacer nada, "si el tipo va a seguir ahí". Sin embargo, piensa que haciendo pública su experiencia puede hacer que la Ibero rectifique y que lleve a la práctica los ideales humanistas sobre los que está fundada. Hace unos meses, junto a un grupo de compañeras, decidió impulsar la campaña contra el acoso sexual #NoEsNo, para que las víctimas alcen la voz.

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Colectivos feministas y académicas insisten en que la existencia de protocolos para atender casos de violencia sexual en universidades es parte de la solución.

Martha se acercó y ahora forma parte de la Red No Están Solas, un colectivo feminista integrado en su mayoría por sobrevivientes de violencia sexual de la UNAM, y afirma que si las universidades permiten que los casos queden en la impunidad, perpetúan esas conductas.

Los protocolos deben ser claros y específicos, para evitar vacíos legales y que las víctimas sean obligadas en la práctica a convivir con sus agresores en la escuela. Tienen que ser una ruta interna a seguir que indique dónde poner una queja y que estipule que el trato a los denunciantes debe apegarse a los derechos humanos, explicó la académica Natalia Flores.

Acto de protesta en la UNAM fotografiado por la Red No Están Solas / Facebook
Acto de protesta en la UNAM fotografiado por la Red No Están Solas / Facebook

Además, estos procedimientos tendrían que considerar no solo sanciones para los agresores, sino para los funcionarios que revictimicen a las personas que denuncian, resaltó en entrevista Andrea Ramírez, también integrante de la Red No Están Solas.

Por ejemplo, ella y otras compañeras fueron presuntamente agredidas por Juan Carlos Sosa, estudiante y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Al denunciar los hechos, el ofrecimiento de la institución fue un cubículo apartado para ella y préstamo de libros a domicilio, para que pudiera continuar con sus estudios “sin riesgo”. Decidió dejar de ir a la universidad.

Por su parte Melissa Lailson, abogada de Martha, va más allá y propone que se legisle, al menos a nivel estatal, en la materia, pues los agresores, como el de su defendida, pueden ampararse ante la justicia y evitar las sanciones universitarias argumentando que se les niega su derecho a la educación.

Yolanda Pineda, profesora e impulsora de un procedimiento que ha atendido al menos 11 casos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, llama la atención sobre el tema de las sanciones y cree que un protocolo debe ser un espacio de resolución de conflictos. Afirma en entrevista que cambiar de plantel al agresor, como se hizo en algunos casos de los que tuvo conocimiento, solamente es llevar el problema a otro lado. Se debe proteger a las víctimas pero también hay que trabajar más a fondo con las personas violentas.

Según ella, hubo casos “muy bonitos en los que a través del diálogo logramos que las personas dijeran ‘yo no sabía que estaba ejerciendo violencia’ y a partir de eso dejaron de violentar a las compañeras”, recordó la académica.

En octubre de 2014, cuando Martha supo que había sido víctima de violación, la violencia sexual en universidades ya ocupaba algunas primeras planas en Estados Unidos.

Denuncias como la de Emma Sulkowicz, estudiante de la Universidad de Columbia que decidió caminar por el campus con un colchón a cuestas para exigir la expulsión de su violador, provocaron una respuesta gubernamental.

El presidente Barack Obama lanzó la campaña “It’s On Us” (está en nosotros) y creó la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca para Proteger a los Estudiantes del Acoso Sexual. Su gobierno también publicó una lista de 55 universidades investigadas por su forma de atender casos de violencia de género.

A través de pintadas y marchas al interior de la universidad, como lo ha hecho la Red No Están Solas, o por medio de las redes sociales como lo hacen Ximena y sus compañeras de la Ibero, algunas estudiantes mexicanas han seguido los pasos de sus colegas estadounidenses y plantean una pregunta que se mantiene abierta: ¿responderá el gobierno mexicano con la misma celeridad y fuerza a estas denuncias o las seguirá ignorando?


Arturo Ilizaliturri es integrante de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes, iniciativa inédita para destacar nuevo talento periodístico en la región.

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